Que es responsabilidad
profesional.
La responsabilidad profesional es
la capacidad que constituye una modalidad de responsabilidad que tiene el
profesional de responder de sus hechos o presupuestos de accionar de una
profesión liberal o está determinada por una relación pública o privada que
ligue al sujeto con otra persona o entidad.
Se fundamenta en el precepto
constitucional que establece los recursos que disponga el gobierno federal, así
como sus respectivas administraciones públicas con eficiencia, eficacia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados directos de
la administración de fondos erario federal deben definir, establecer, mantener
y vigilar.
Se les conoce bajo el nombre
genérico de sistema control interno o simplemente control interno dela
evaluación del dicho sistema que la auditoria pública el alcance o profundidad
de la revisión de instancias que conforman el control y la evaluación de cada
uno de los auditores quienes sus diversas jerarquías intervienen para
garantizar la responsabilidad que:
a) Preserven su independencia
mental.
b) Cada auditoría sea ejecutada
por personal que posea los conocimientos técnicos y la capacidad
profesional necesarios para el caso particular.
c) Cumplan con la aplicación de
las normas relativas a la ejecución del trabajo, del informe y del
seguimiento de auditoría.
d) Se sujeten a un programa de
capacitación y autoevaluación buscando la excelencia en su trabajo.
El presente del trabajo es
conocer, en principio, las leyes que regulan la profesión y qué es la ética y
como ésta debe guiar al profesional de ciencias económicas en su obrar
cotidiano. Estos Códigos que las distintas agrupaciones de profesionales
denominadas “Consejos” se encargan de dictar para regular la actividad
profesional y así resguardar a la sociedad del ejercicio ilegal de las
profesiones, a los profesionales de la competencia desleal de los que ofrecen
prestar servicios para los cuales no están habilitados. Por lo expresado
anteriormente, es también objetivo de este trabajo conocer y analizar el
contenido de los códigos de ética para estar en condiciones de defender y
mejorar la calidad de la profesión. La ética es la parte de la filosofía que
trata de la moral y de las obligaciones del hombre y también el conjunto de
normas morales que rigen la conducta humana.
En este trabajo nos referiremos
a:
- Leyes que regulan la profesión
- La ética de los que prestan
servicios profesionales.
Tipos de Responsabilidad
Profesional
· Civil: Se encuadra dentro del
concepto de responsabilidad común a todos los individuos. Si se daña se debe
reparar. Afecta al Patrimonio.
· Penal: Afecta a las personas.
La pena que se aplica es la Prisión.
· Administrativa: No tiene nada
que ver con las dos anteriores responsabilidades. La pena que se aplica es el
Apercibimiento o la Inhabilitación.
Definición de acto jurídico
El acto jurídico es el hecho,
humano, voluntario o consciente y lícito, que tiene por fin inmediato
establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o
extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico produce una modificación en
las cosas o en el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento
jurídico. Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un
objeto con bastante capacidad, se necesita algo que los ponga en relación,
estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación
jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer
elemento es un hecho, que por ser productor de efectos jurídicos se denomina
Hecho jurídico, cuando tal hecho procede de la voluntad humana recibe el nombre
de acto jurídico.
La estructura o elemento del acto
jurídico
Si bien es cierto que el concepto
de acto jurídico es una abstracción, no por eso deja de tener una estructura, la
doctrina considera que usar la denominación de elementos es la más
generalizada, en su desarrollo, existen 3 distinciones de elementos: Los
elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales.
Elementos Esenciales:
Los elementos esenciales son los
componentes imprescindibles de todo acto jurídico, sin que la autonomía de la
voluntad pueda soslayarlos, además estos elementos son los que permiten que un
acto jurídico se concretice y pueda alcanzar su denominación distinguiéndose de
otros actos jurídicos. La doctrina y la ley en casi todos los países de sistema
de derecho continentales uniforme en señalar que estos requisitos son la
manifestación de la voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y la forma o
solemnidad. Sin embargo debe distinguirse entre los elementos esenciales de
carácter general (los ya expuestos) y los de carácter especial que son los que
requieren cada acto jurídico en particular, pero que deben concurrir con los
elementos de carácter general, en una compra-venta por ejemplo los elementos
esenciales especiales serían el bien que se vende y el precio que debe ser
pactado.
Elementos Naturales:
Los elementos naturales son los
que están insertos en la naturaleza de un acto jurídico concreto y determinado,
de tal manera que el derecho se los atribuye aun cuando las partes no los hayan
incluido. Su presencia en el contenido de un acto jurídico determinado con
prescindencia de la voluntad de las partes es lo que los hace elementos
naturales. Messineo señala que se les suele considerar así, pues no son
verdaderos y propios elementos sino más bien efectos implícitos de determinados
negocios. No obstante que la ley reconoce la presencia de estos elementos, la
autonomía de la voluntad puede separarlos del acto jurídico sin que su
separación afecte la validez del acto jurídico. En un préstamo de dinero, por
ejemplo, los intereses.
Elementos Accidentales:
Estos elementos son incorporados
al acto jurídico por voluntad de las partes en ejercicio de su autonomía sin
que esto afecte la validez del acto jurídico, pero siempre que no se desvirtúe
la esencia del acto y no exista prohibición de la ley. Los elementos
accidentales se diferencian de los naturales porque son ajenos al acto
jurídico, así estos serán modalidades alternativas de realizar el acto
jurídico, Por ejemplo en una compra-venta las modalidades serían la condición,
el cargo y el plazo.
Elementos del acto jurídico
Los siguientes son los elementos
que conforman el acto jurídico:
Capacidad
La capacidad se subdivide en
capacidad de goce (la aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos,
comúnmente denominada también como capacidad jurídica) y capacidad de ejercicio
(aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin
representación de terceros, denominada también como capacidad de actuar).
Consentimiento o voluntad
La voluntad es el querer interno
que, manifestado bajo el consentimiento, produce efectos de derecho. Todo
contrato exige el libre consentimiento entre las partes que lo forman. El
consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la
aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Será
nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
Los vicios del consentimiento
Para la validez del contrato se
requiere que la voluntad no esté presionada por factores externos que
modifiquen la verdadera intención. Entre los vicios del consentimiento se
encuentran el error, la violencia y el dolo.
El error
Cuando versa el error, existe una
equivocación sobre el objeto del contrato, o sobre alguno de sus aspectos
esenciales. El error es motivo de nulidad del contrato cuando recae sobre:
* La naturaleza del contrato
(quería hacer un arrendamiento e hizo una compraventa).
* La identidad del objeto.
* Las cualidades específicas de
la cosa.
El error no debe de ser de mala
fe, porque de lo contrario, se convierte en dolo.
La violencia
En la violencia se ejerce una
fuerza irresistible que causa un grave temor a una de las partes del contrato,
o que una de las partes haya abusado de la debilidad de la otra. La amenaza de
acudir ante una autoridad judicial para reclamar un derecho no es coacción, a
no ser que se amenace abusivamente de este derecho.
El dolor
Todo medio artificioso, contrario
a la buena fe, empleado con el propósito de engañar para hacer a una persona
consentir un contrato es considerado dolo. La víctima del dolo puede mantener
el contrato y reclamar daños y perjuicios.
El objeto
Pueden ser objeto de contratos
todas las cosas que no están fuera del comercio humano, aun las futuras. Pueden
ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a
las leyes o a las buenas costumbres.
Causa
Normalmente, la normativa civil
de los ordenamientos jurídicos exige que haya una causa justa para el
nacimiento de los actos jurídicos. La causa es el motivo determinante que llevó
a las partes a celebrar el contrato. Un contrato no tiene causa cuando las
manifestaciones de voluntad no se corresponden con la función social que debe
cumplir, tampoco cuando se simula o se finge una causa. El contrato debe tener
causa y esta ha de ser existente, verdadera y lícita.
Forma
La forma es el conjunto de signos
mediante los cuales se manifiesta el consentimiento de las partes en la
celebración de un contrato. En algunos contratos es posible que se exija una
forma específica de celebración. Por ejemplo, puede ser necesaria la forma
escrita, la firma ante notario o ante testigos, etc.
Elementos accidentales
Son aquellos que las partes
establecen por cláusulas especiales, que no sean contrarias a la ley, la moral,
las buenas costumbres o el orden público. Por ejemplo: el plazo, la condición,
el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, la representación, etc.
En consonancia con la autonomía
de la voluntad, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a la
ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público.
Clasificaciones
•
Actos positivos y negativos: En los primeros, el nacimiento, modificación,
extinción, etc. de un derecho, depende de la realización del acto; tal es, por
ejemplo, la firma de un pagaré, la entrega de una suma de dinero, la
realización de un trabajo o de una obra de arte. En los segundos, en cambio, la
conducta jurídica consiste en una omisión o abstención; tal es el caso de las
obligaciones de no hacer. El propietario de una casa alquilada a una tercero
debe abstenerse de perturbarlo en el goce de ella; en este hecho negativo, en
esta abstención, consiste el cumplimiento de su obligación.
•
Actos unilaterales y bilaterales: Los actos jurídicos son unilaterales cuando
para su perfección, requieren de la voluntad de una sola parte, que puede ser
una sola persona, en el caso del testamento; o la voluntad de varias personas
pero que son una sola parte, pues su voluntad es expresada con el mismo
sentido, como por ejemplo en el caso de las comunidades que son representadas
por un administrador. Son bilaterales cuando requieren el consentimiento de dos
o más voluntades (consentimiento), como los contratos.
Esta clasificación no debe
confundirse con la de contratos que son unilaterales y bilaterales. Los
contratos son siempre actos jurídicos bilaterales, desde que no existen sin el
concurso de voluntades; pero en orden a sus efectos, se llama unilaterales a
los que crean obligaciones a cargo de una sola de las partes, tales como el
depósito, la donación y bilaterales a aquellos que las crean para ambas, como
la compraventa y el contrato de trabajo.
•
Actos entre vivos y de última voluntad: Los actos jurídicos cuya eficacia no
depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se llaman actos
entre vivos, como son los contratos. Cuando no deben producir efectos sino
después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan
actos de última voluntad o mortis causa, como son los testamentos.
•
Actos gratuitos y onerosos: Actos a título gratuito o simplemente gratuito son
aquellos en que la obligación está a cargo de una sola de las partes y
responden a un propósito de liberalidad; tales los testamentos, la donación, la
renuncia sin cargo a un derecho. En cambio, en los actos onerosos las
obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la
otra parte se obliga a su vez; así ocurre en la compraventa, la permuta,
etcétera.
•
Actos formales y no formales: Actos formales o solemnes son aquellos cuya
eficacia depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley.
Son no formales o no solemnes aquellos cuya validez no depende del cumplimiento
de solemnidad alguna.
•
Actos patrimoniales y de familia: Los primeros son los que tienen un contenido
económico. Los segundos, en cambio, se refieren a derechos y deberes de familia
o extra patrimoniales.
•
Actos de administración y de disposición o enajenación: En el acto de
administración sólo se transfiere la tenencia, el uso; por ejemplo, el
arrendamiento, comodato, este acto no saca de la esfera de actuación del sujeto
al bien en cuestión, objeto del acto por el contrario. En los de disposición se
transmite el dominio, la propiedad de la cosa por ejemplo: la enajenación y el
gravamen.
•
Actos abstractos de causa y causados: El acto abstracto no obstante de
constituir una declaración de voluntad que revela el ánimo de generar efectos
jurídicos que, interesen al agente, no llevan la causa incorporada en sí,
ejemplo: el giro de una letra que conteniendo una obligación de pago, es
independiente de su causa. El acto Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos
CAPITULO I - Principios que rigen
la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en
el servicio público
•
ARTICULO 7
•
ARTICULO 8
•
ARTICULO 9
•
ARTICULO 7. Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en
ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
•
ARTICULO 9. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o
comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus
funciones, lo siguiente: 5.
1.
En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de
la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la
fracción XI del artículo anterior;
2.
No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la
que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio
público, y
3.
Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el
Instituto Federal Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en
cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado
la elección que ellos organizaron o calificaron.
LEYES QUE REGULAN EL
TRABAJO EN MÉXICO
Las normas expresas o de Derecho
escrito, que deben ser observadas en el Derecho del trabajo son:
La Constitución, en materia
laboral, consagra los derechos mínimos de los trabajadores. Los derechos
establecidos en el artículo 123, son conocidos como “garantías sociales”.
No sólo el Art. 123
constitucional tiene relación con el Derecho del trabajo. Pueden mencionarse,
además los siguientes artículos:
a) Art. 3 en su fracción VIII
adicionada, señala que deben concordar con la autonomía, la libertad de cátedra
e investigación y los fines propios de las universidades e instituciones de
educación superior autónomas por la ley.
b) Art. 5, que consagra el
derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode a cada quien.
c) Art. 32, que consagra el
Derecho preferente de los mexicanos, en igualdad de circunstancias, respecto de
los extranjeros, para el desempeño de empleos, cargos o comisiones del gobierno
en que no sea indispensable la calidad de ciudadano y que exige nacionalidad
mexicana por nacimiento, para determinadas profesiones y actividades.
d) Art. 73-X, que otorga al
Congreso la facultad exclusiva para expedir las leyes del trabajo
reglamentarias del Art. 123 de la propia Constitución.
e) Art. 115-VIII que alude a que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán
por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, con base en lo
dispuesto en el Art. 123 y sus leyes reglamentarias.
f) Art. 116 que establece una
regla paralela para las relaciones de trabajo entre los Estados y sus
trabajadores.
•
La Ley Federal del Trabajo. Constituye una norma reglamentaria de la
Constitución. La LFT, según lo determina su Art. 1°, es de observancia general
en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el Art.
123, apartado “A”, de la Constitución. El apartado “B”, a su vez, está
reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado.
•
Los reglamentos de la Ley. En el Art. 89 de la Constitución, relativo a las
facultades del Presidente de la República se menciona que tiene la obligación
de “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Esta
constituye la facultad reglamentaria del titular del poder ejecutivo que habrá
de ejercer apoyándose en los secretarios del despacho encargados del ramo a que
el asunto corresponda (Art. 92).
•
Los Tratados Internacionales. Su aplicación resulta de los dispuestos en el
Art. 6, que exige, para su validez, que hayan sido celebrados y aprobados en
los términos del Art. 133 de la Constitución, o sea, por el Presidente de la
República, con la aprobación del Senado. causado tiene causa evidente y
notoria.
Obligación moral
La obligación moral se define
como la presión que ejerce la razón sobre la voluntad, enfrente de un valor.
Por ello, está lejos de ser una presión originada en la autoridad, o en la
sociedad, o en el inconsciente, o en el miedo al castigo. La obligación moral
no es la obligación que se siente por la presión externa, ni mucho menos ese
tipo de acción psíquica originada por el inconsciente.
Cuando una persona capta un valor
con su inteligencia, se ve solicitada por dicho valor, y entonces la
inteligencia propone a la voluntad la realización de tal valor. Pero la
inteligencia presiona suavemente, sin suprimir el libre albedrío; simplemente
ve una necesidad objetiva y como tal la propone a la voluntad para su
realización. Se trata pues, de una exigencia propia de la razón, fundamentada
en un valor objetivo, pero nacida en lo más íntimo y elevado de cada hombre: su
propia razón. Por lo tanto la obligación moral es autónoma y no incompatible
con el libre albedrío.
Obligación jurídica
La obligación jurídica, en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el
cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora
cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede
consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos
posibles, lícitos y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que el
objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables
El Derecho de obligaciones es la rama del Derecho que se ocupa de todo
lo relacionado con las obligaciones jurídicas.
Diferencia entre las obligaciones y los derechos reales
Los derechos reales son los que recaen directamente sobre cosas y no
respecto a determinada persona. Algunos de los derechos reales son principales,
como el derecho de propiedad o dominio, y otros son accesorios porque
presuponen la existencia de un principal, como por ejemplo la servidumbre, la
hipoteca y la prenda. Otra clasificación los denomina así: derecho real
pleno (dominio), limitaciones al dominio (usufructo, uso, habitación,
servidumbres y algunos, equivocadamente, añaden al patrimonio familiar), y
derechos reales de garantía (prenda e hipoteca). Los derechos reales tienen la
calidad de absolutos ya que pueden ejercerse contra todas las personas y por lo
tanto “son los que se ejercen sobre una cosa corporal determinada, en forma
exclusiva o absoluta”1
Las
formalidades en los actos jurídicos
Los actos jurídicos, en
general, pueden ser formales o no formales. Son formales aquellos actos
jurídicos para cuya existencia o validez es necesaria la manifestación de
ciertos caracteres externos, en vista a producir plenos efectos jurídicos.
Ejemplo de esto son los contratos solemnes, que requieren de una solemnidad
propiamente tal, o los contratos reales, que requieren de la entrega de todas.
Formalidades
ad-solemnitatem: Se refiere a aquellas
formalidades que constituyen requisito de existencia o validez del acto en
cuestión, y ante cuya omisión el acto es nulo, inexistente, o no produce efecto
jurídico alguno. Por ejemplo, en la mayoría de los países, la compraventa de
bienes raíces debe celebrarse en escritura pública, sin la cual se entiende que la venta es nula.
Dichas solemnidades se establecen en consideración a la naturaleza del acto,
dada la importancia que el determinado negocio jurídico tiene para el ordenamiento jurídico nacional.
Formalidades
habilitantes: Son aquellas formalidades
establecidas en consideración de las personas incapaces o ausentes, en vistas de proteger
su patrimonio con ciertas cortapisas legales que impiden a sus representantes
disponer libremente de su patrimonio. Tal es el caso, por ejemplo, de las restricciones
de los guardadores de la venta de bienes raíces de sus pupilos, la que, en la
mayoría de los países, debe hacerse en pública subasta previa autorización
de juez competente. Su omisión
implica la nulidad del acto en cuestión.
Formalidades
ad probationem : Aquellos requisitos
externos al acto jurídico que se exigen en consideración a la acreditación formal
de un acto ante la sociedad o las autoridades. Por regla general, se
traduce en la escrituración del determinado acto, como es en el caso de
los contratos de trabajo, donde es de interés del legislador que dichos actos se
mantengan escriturados o registrados, en protección de los trabajadores. Su omisión jamás
acarrea la nulidad, sino que formas distintas de ineficacia de los actos
jurídicos, tales como la inadmisibilidad de la prueba testimonial.
Formalidades
de publicidad: Aquellas formalidades
destinadas a dar publicidad al determinado acto jurídico, y que por regla
general se traducen en la inscripción del negocio en un registro público, de
modo que todas las personas tengan acceso al conocimiento de su contenido
y efectos. Su violación acarrea, como norma general, la inoponibilidad del acto
frente a tercero.
En el código civil peruano
podemos ver el acto jurídico en el art. 140.
